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MURIO ALBANO HARGUINDEGUY, EX MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE LA DICTADURA Y PROCESADO EN VARIAS CAUSAS POR TERRORISMO DE ESTADO - El general que manejó la Federal y esparció el terror

Imagen: Jorge Larrosa

MURIO ALBANO HARGUINDEGUY, EX MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE LA DICTADURA Y PROCESADO EN VARIAS CAUSAS POR TERRORISMO DE ESTADO

El general que manejó la Federal y esparció el terror

A los 85 años, en prisión domiciliaria y sin que todavía le llegara una condena, falleció en su casa de Malvinas Argentinas. Solía ufanarse de haber librado a la sociedad “del marxismo” y reivindicaba las desapariciones.

 Por Laura Vales

A los 85 años, y mientras cumplía prisión domiciliaria por crímenes de lesa humanidad, murió Albano Harguindeguy. El general de división fue el responsable de la Policía Federal en los años más sangrientos del terrorismo de Estado. Fue jefe de la Federal primero, durante el gobierno de Isabelita, y después ministro del Interior –cargo desde el que siguió manejando la fuerza–, durante cinco de los siete años que duró la dictadura. Considerado uno de los cerebros del gobierno militar, alguna vez admitió su responsabilidad en los secuestros, torturas y desapariciones sin ninguna vuelta. Sin embargo, de las muchas causas judiciales en las que estaba procesado, sólo llegó a ser llevado a juicio oral en una y todavía no había sido condenado.

Harguindeguy escoltó a Videla como responsable de la cartera política desde marzo del ’76 hasta marzo del ’81, período en el que se produjeron la mayor parte de los crímenes del terrorismo de Estado.
En 2003, durante un reportaje de la periodista francesa Marie-Monique Robin, accedió a hablar de la represión ilegal. “Empezamos bajo un gobierno constitucional y seguimos en un gobierno de facto”, le dijo. Como era de prever, también defendió la dictadura. Lo llamativo fue su estilo grandilocuente, megalómano: “Hicimos lo que correspondía en cumplimiento del deber militar. Las Fuerzas Armadas deben decirle al pueblo argentino: nosotros los libramos de ser un país marxista”, declara en el documental. Y después: “Tengo que reconocer que cometimos errores. Si no cometiéramos errores seríamos dioses. Qué aburrido sería un país gobernado por los dioses, sin pecado, sin delito”.
Harguindeguy cumplía el arresto domiciliario en Los Polvorines, en el municipio de Malvinas Argentinas, en una casaquinta más que acomodada, ambientada con trofeos de caza, una afición que en los ’70 compartió con el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz.
Alegando problemas de salud, ése fue el lugar que eligió para instalarse, evitando la cárcel, cuando en julio de 2004 la Justicia pidió su detención por los crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor, y donde pasaría los últimos ocho años de su vida.
Hasta ese momento, Harguindeguy no había tenido complicaciones judiciales graves. No fue acusado, por empezar, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, de quien había sido compañero en el Liceo Militar. En el juicio a las tres primeras Juntas fue llamado como testigo, y allí declaró que como ministro del Interior le llegaban pedidos para que algún detenido pudiera ser pasado a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y fuera enviado a una cárcel común.
Luego fue beneficiado con el efecto de las leyes de punto final y obediencia debida, y más tarde Carlos Menem lo incluyó en los indultos que dictó durante su presidencia.

“No van a aparecer”

Harguindeguy había sido, en el ’73, la máxima figura militar del Operativo Dorrego, que las Fuerzas Armadas compartieron con Montoneros haciendo trabajos sociales para auxiliar a las víctimas de una inundación.
Años después, el ex jefe montonero Roberto Perdía le atribuyó unas frases que Harguindeguy habría pronunciado en un encuentro secreto entre ambos, supuestamente por el caso del secuestro y la desaparición del jefe guerrillero Roberto Quieto. “Nosotros no vamos a andar tirando cadáveres en los zanjones, de ahora en adelante los cadáveres no van a aparecer. Nosotros vamos a hacer otra cosa. Lo que ustedes conocieron hasta ahora fue una ‘dictablanda’, como la de (Alejandro) Lanusse; la nuestra sí va a ser una dictadura. No lo van a volver a ver más a Quieto. En realidad, no volverán a ver a nadie más”, habrían sido sus palabras, según Perdía.
De hecho, Harguindeguy estuvo en un lugar clave para la represión desde 1975, porque la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón lo designó al frente de la Policía Federal.
De las causas en las que, después del 2003 y con la anulación de las leyes de impunidad, el represor pasaría a quedar procesado, hay una que habla de la continuidad entre los meses previos al golpe y los siguientes. Es la que investiga los crímenes cometidos bajo la órbita de esa policía, en el centro clandestino de Coordinación Federal –que funcionó en Moreno 1417, donde está el Departamento Central de Policía, y otros CCD como el Garage Azopardo–. En este expediente, el juez federal Daniel Rafecas consideró responsable a Harguindeguy por 34 asesinatos y más de doscientos casos de secuestros y torturas. La causa incluye un hecho ocurrido seis días antes del golpe. Se trata de la fabricación de un falso “operativo antisubversivo” en el que cuatro secuestrados fueron ametrallados dentro de un automóvil, y el montaje apareció en los diarios como si se hubiera tratado de un enfrentamiento armado. Las víctimas fueron el médico Norberto Gómez y Elena Kalaidjian, de quienes se sabe por testimonios de sobrevivientes que fueron obligados a atender a otros secuestrados después de las sesiones de tortura, y la pareja formada por Julio Enzo Panebianco y Ana Teresa del Valle Aguilar, sobrina de la animadora Mirtha Legrand.
En la causa por el Plan Cóndor, el operativo en que las dictaduras del Cono Sur coordinaron la represión, el juez federal Norberto Oyarbide responsabilizó a Harguindeguy junto a Videla y otros por el secuestro y aplicación de tormentos a trece ciudadanos peruanos que fueron capturados en su país y trasladados a la Argentina durante el Mundial de Fútbol de 1978.
El represor también había sido procesado por el asesinato del obispo Enrique Angelelli por haber emitido “directivas precisas para eliminar los grupos vinculados con el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo”. El expediente había sido elevado a juicio oral este mes. Un tribunal de La Rioja lo había procesado por los crímenes de los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longueville.

Un juicio oral

Este año había enfrentado su primer juicio oral, en Entre Ríos. Allí debió responder por cuatro desapariciones –Sixto Zalasar, Julio Solaga, Norma González y Oscar Dezorsi, secuestrados entre mayo y noviembre de 1976– y veinticinco casos de privación ilegal de la libertad y torturas cometidos en las ciudades de Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. De cara a las audiencias, Harguindeguy volvió a alegar problemas de salud para no presenciar el juicio, y en la jornada en la que debió declarar –-por teleconferencia– permaneció cruzado de brazos y sólo respondió con monosílabos.
Otra de las investigaciones que lo tenían como centro –y en la que por supuesto hay otros investigados– tiene que ver con las maniobras realizadas por los jerarcas de la dictadura para quedarse con empresas y bienes de sus víctimas. Está a cargo de la Comisión Nacional de Valores, que busca establecer cómo la División Bancos de la Policía Federal, el Banco Central y la CNV liquidaron bancos y extorsionaron empresarios para obtener un botín de guerra. La causa remite a la estrecha relación de Harguindeguy con Martínez de Hoz, que no se habría limitado solamente a cuestiones de caza.
Con el ex ministro de Economía habían quedado coprocesados en la causa por el secuestro extorsivo de los empresarios Gutheim. Federico Gutheim y su hijo Miguel, propietario de la firma textil Sadeco, fueron detenidos en noviembre de 1976, a raíz del decreto 2840 firmado por Videla y Harguindeguy acusados de socavar la paz interior. Los empresarios recuperaron la libertad cinco meses después, luego de declinar acuerdos comerciales que habían realizado en beneficio de firmas de Hong Kong con los que la cartera de Economía mantenía negociaciones.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-206696-2012-10-30.html

EL EDIFICIO DONDE SE CONCENTRARON LOS NEGOCIOS DE LOS REPRESORES MASSERA Y VILDOZA A - sólo dos pisos de distancia

Durante la dictadura, hubo sobrevivientes de la ESMA que pasaron por el piso 10 como trabajadores esclavos.

Imagen: Bernardino Avila

EL EDIFICIO DONDE SE CONCENTRARON LOS NEGOCIOS DE LOS REPRESORES MASSERA Y VILDOZA

A sólo dos pisos de distancia

En el 10º piso del edificio ubicado en Cerrito 1136 fundó su partido el Almirante Cero y se inscribió una sociedad con la que fueron apropiados bienes de desaparecidos. En el 12º hay tres sociedades de uno de los apoderados del clan del marino prófugo Jorge Vildoza.

 Por Alejandra Dandan

Sólo hay dos pisos de distancia entre dos grandes universos de negocios vinculados al robo de bienes de los detenidos-desaparecidos de la Escuela de Mecánica de la Armada. En un piso estuvieron las empresas y nombres más conocidos del masserismo y en el otro aparece una ruta de sociedades que conduce al mundo de bienes y empresas del marino Jorge Ernesto Vildoza. Los dos pisos están en el legendario edificio de la calle Cerrito 1136: en el piso 10, el jefe de los marinos Emilio Massera fundó su partido Para la Democracia Social (PDS) y es la parte más conocida: allí se inscribió la sede social de Will-Ri, la sociedad a través de la cual fraguaron la venta de los terrenos de Chacras de Coria. La historia del piso 12 recién ahora empieza a mirarse de cerca: aparecen direcciones de tres sociedades de uno de los apoderados del clan del marino prófugo Jorge Ernesto Vildoza.

El edificio de la calle Cerrito 1136 parece envuelto en una trama de misterio. Las ventanas encojadas en paredes marrones le dan un aire de televisor color años ochenta. La estructura está metida hacia adentro de la vereda. En el hall de entrada, oscuro, un encargado saluda detrás de un mostrador. En las paredes hay chapones con indicaciones de lo que podrían ser estudios de abogados o empresas. El hombre del mostrador dice que la mayoría son estudios de abogados. Y que cada piso tiene un dueño. La página del Telexplorer muestra más o menos lo mismo, y alguna cosa un poco más llamativa: en el piso 8, por ejemplo, una empresa llamada Zass International, en su sitio web, ofrece, entre imágenes de barcos, el recupero de pérdidas de trasporte marítimo en todo el mundo.
En los años de la dictadura hubo sobrevivientes de la ESMA que pasaron por el piso 10 de Cerrito en calidad de trabajadores esclavos. Otros escucharon las carcajadas de Miguel Donda en el pozo de la ESMA, cuando volvió eufórico después de hacer lo que describió como “un autoatentado” en ese departamento, como parte de una campaña destinada a buscar notoriedad para Massera en medio de sus aspiraciones políticas. En enero de 1983, Massera se presentó como candidato a las elecciones por PDS y la sede estaba en ese espacio. El lugar fue descripto numerosas veces por este diario como un verdadero cuartel de operaciones, desde donde se hizo de todo: el masserismo combinó contactos políticos con la derecha peronista y negocios que incluyeron hasta un plan de reequipamiento naval, fragatas misilísticas, y armas. En 2005 y 2006, el juzgado federal de Sergio Torres instruyó un expediente de robo de bienes en la causa de la ESMA: el departamento del piso 10 aparece como propiedad de Ecer SACIA, IF y M desde el 24 de noviembre de 1979. Entre los accionistas había un hijo de Massera y un cuñado. Lo que se escribió sobre ese departamento y los negocios es mucho, pero todos parecen situarlo como un posible punto de origen de la historia que existió alrededor de los negocios de la ESMA. El represor condenado Jorge Radice era contador en la ESMA, además de conspicuo tirador. Massera se lo llevó al piso 10 de Cerrito. Algunos dicen que lo puso como secretario privado del partido. Sus alias eran Ruger pero también “Héctor Ríos”, alias con el que integró junto a Francis William Whamond la sociedad llamada Will-Ri: un juego de palabras con los nombres. A través de extorsiones y de violencia, Will-Ri se quedó con la chacra de Cerro Largo S.A. en Chacras de Coria, propiedad de un grupo de mendocinos desaparecidos.
Radice es otro de los nombres importantes de la trama de negocios y anuda dos vías sólo desde ese piso. Por un lado, operaciones inmobiliarias, algunas de las cuales investigó Torres en aquel expediente, y por el que lo procesó a él, a Jorge “El Tigre” Acosta y a Carlos José Pazo. Y otra ruta es una compleja trama de relaciones societarias que siempre fueron denunciadas como parte del blanqueo de dinero de la ESMA. Las más conocidas son Martiel S.A., Seal Lock S.A. y Talsud S.A., donde Radice se combinó en distintas épocas con Ricardo Cavallo y Acosta, y de las que emergieron numerosas compañías que hoy se investigan en otro expediente del juzgado. Allí aparecen nombres que no son de marinos pero siempre se los asoció: uno es Norma Radice, la hermana de Ruger; Raúl del Prato; el Colorado Miguel Angel Egea y su mujer, o ex mujer, Bárbara Franz. Puede pensarse frente a ese enorme mapa de sociedades que a medida que fueron cayendo presos los marinos, esos otros nombres empezaron a reemplazarlos definitivamente en la trama de sociedades externas.
Algo de esa misma lógica de nombres que empiezan a aflorar cuando los marinos ya no pueden operar podría pensarse sobre el clan Vildoza. Oscar Beccaluva conoció a los hombres asociados a Jorge Ernesto Vildoza en 1995. Beccaluva es un abogado todoterreno de Misiones, y lo llamaron para resolver un problema con la licitación de un bingo. Volvieron a llamarlo más tarde por la ejecución de unos pagarés. Las primeras reuniones en Buenos Aires, las tuvo con el apoderado de la empresa: un abogado llamado Luis Alberto Campi lo recibió en Cerrito 1136, piso 12.

Azar y apuestas

American Data S.A. se creó en 1987 (el mismo año en el que el Tigre Acosta fundó sus astilleros Astilsud con Radice y Egea). Según los papeles, el objeto comercial son actividades de juego de azar y apuestas. El presidente de la compañía es el hijo de Vildoza, que también lleva su nombre: Jorge Ernesto Vildoza, integrante de Inteligencia de la Marina hasta 1988. El vicepresidente es su yerno: Fernando Giromini, piloto del Ejército hasta 1983, ahora piloto de Aerolíneas, hijo de un marino con grado de vicealmirante que fue presidente de Coviara (Construcción de Viviendas para la Armada) y padre de otros dos hijos de la fuerza.
En julio de este año, la jueza María Servini de Cubría detuvo a Ana María Grimaldos, la esposa de Vildoza. Los dos estaban prófugos desde 1986 por la apropiación de Javier Penino Viñas, el hijo de Cecilia Viñas y Hugo Penino. La jueza allanó diez días después las oficinas de American Data en la calle Repetto al 3300 en Vicente López y la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de José Sbatella bloqueó las cuentas de la empresa por lo que a esta altura parece casi un menudeo: las intervenciones de teléfonos demostraron que desde ahí se prestaba asistencia financiera a los prófugos dado que, por ejemplo, pagaron el teléfono de Grimaldos.
Desde entonces, la UIF investiga a la empresa en dos direcciones: su trama de relaciones societarias en el tiempo presente y en el pasado rastrea sus orígenes: el abogado Oscar Beccaluva viene denunciando desde 2006 ante la Justicia de Tierra del Fuego que Vildoza padre le dijo que el origen de su empresa fue producto del robo de bienes de la ESMA. Uno de los nombres que dio Beccaluva en las declaraciones fue el de Campi. Lo situó entre los principales actores del círculo interno, encargado de proveer a Vildoza de documentos falsos e insumos en su condición de prófugo, pero también lo ubicó como responsable operativo de los negocios. “Campi habría sido uno de los encargados de administrar los dineros de los desaparecidos: por eso lo mantuvieron ahí”, dice Beccaluva que le dijo Vildoza en una entrevista con Página/12 publicada dos semanas atrás. “Tenía un poder de sometimiento, de señorío sobre los Vildoza que uno no se imagina –dijo–. Otro de los que estaba con ellos era Oscar Sempé, que es el cerebro de todo, el ideólogo de todos los temas financieros con Campi. Porque Vildoza hijo es un tipo pesado, pero un tipo de pocas luces; los ideólogos son Sempé y Campi. Andaban con un tal González, un arquitecto, mediana estatura, que había estado en la ESMA. Pero Sempé era importante porque, cada movimiento de diez pesos, era Sempé al que había que pedirle y la autorización era de Campi. O sea Vildoza tenía temor reverencial hacia Campi, o sea que es otro de los que manejó seguramente el encubrimiento.”
Los fiscales de Tierra del Fuego pidieron la indagatoria a Campi en 2011 por esas denuncias en una causa que (aún) no prosperó, pero incluye la hipótesis del lavado de dinero. Hace dos semanas, luego de la publicación de la entrevista en este diario, Campi le mandó una carta documento a Beccaluva para pedirle que se retracte o rectifique de la información.
Ahora bien: ¿cuáles son los datos que hacen que ese nombre sea interesante, que valga la pena mirarlo de cerca? ¿Y por qué esa dirección de Cerrito?
La jueza Servini de Cubría secuestró documentos de American Data en el allanamiento. Campi aparece en esos papeles como apoderado de la empresa. También actúa como abogado. En este momento, patrocina a Vildoza hijo y a su cuñado Giromini en la causa por el congelamiento de fondos impulsada por la UIF. Apareció, por ejemplo, como apoderado de una UTE que formó American Data S.A., Gilaberte S.A. y Punto y Banca SRL para licitar un emprendimiento de casinos. Ese dato importa sobre todo en aquella búsqueda que intenta unir pasado y presente. Gilaberte es una empresa de, o muy cercana a, Vildoza: misma dirección de American Data y mismo directivo. Pero la articulación con Punto y Banca conecta dos cosas: los nombres que aparecen integrados a Punto y Banca (en base de datos de empresas consultadas por este diario) atan esa compañía a un impresionante tendido del mundo del juego para dejarlos casi como uno de los actores más importantes. Por otro lado, en esa relación de búsqueda de conexiones que en el pasado puedan leerse en la trama del robo de bienes, lo que se sabe es que el casino de Punto y Banca en Puerto Madryn tuvo en 2006 como gerente al ex comisario Julio César Garachico, hombre de Miguel Etchecolatz, juzgado en este momento en La Plata. Existe la presunción de que pueden ser parte de la misma compañía porque Punto y Banca y American Data comparten el mismo domicilio comercial en Madryn y se facturan entre ellos.
Así las cosas, Campi aparece como apoderado o abogado de American Data, la empresa que, por lo menos, protegió a dos prófugos y se asoció a otra que tuvo en el frente a un nombre de la policía de Etchecolatz. Beccaluva dice que a mediados de los ’90 lo visitó en el piso 12 del mismo edificio que Massera ocupó. Según la base de empresas consultada por este diario, la posición de Campi en el piso 12 aparece además reforzada por otros datos. El hombre está vinculado a cuatro sociedades: tres tienen su sede social en ese lugar. En Petrolera Sudamericana aparece como síndico suplente, y luego hay dos inmobiliarias en las que aparece como presidente: Dunker S.A. y Menchilú S.A..
Beccaluva dice que sus oficinas estaban en el último piso, un piso que formaba una especie de dúplex con otro más. Dijo que en la parte de afuera había como un golfito. El piso 12 es último piso del edificio. De acuerdo a la charla con el encargado está conectado en dúplex con el piso 13.

¿American qué?

Radice declaró en junio de 2006 en la causa de Torres. Y esas declaraciones ahora son revisadas nuevamente por la UIF. En la declaración reconoció la lógica de la apropiación de bienes a la que lee como parte de la racionalidad de la “lucha contra la subversión”. No habló de “apropiación” sino de “recuperación” de bienes. Explicó que una de las personas por las que le preguntaron en el juzgado tenía una función en la ESMA: “recuperar dineros, bienes muebles e inmuebles y demás objetos de valor que se hubieran utilizado en el accionar guerrillero y cuyo origen ilegal fueron producto de secuestros y acciones similares”. Quien determinaba cuáles eran los “fondos ilegales” era “una comisión especial conformada por oficiales de la Armada” y detenidos-desaparecidos.
Por otro lado, explicó el camino del dinero: dijo que el producto de la venta “era entregado por acta al Segundo que estaba a cargo de la UT3.3.1 e interino de la 3.3.2 capitán (Adolfo Mario) Arduino en ese momento. Lo que se efectuaba con el material y el dinero como destino final no es de mi conocimiento”.
Vildoza reemplazó a Arduino en 1979. Una hipótesis que investiga la UIF es si Vildoza comenzó a recibir ese dinero: allí ponen el ejemplo de Arduino, que murió pero se le descubrieron dólares en una cuenta de Suiza.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-206600-2012-10-29.html

"UNA LUCHADORA INCANSABLE" - Murió Sara Dorotier de Cobacho

14:37 › "UNA LUCHADORA INCANSABLE"

Murió Sara Dorotier de Cobacho

La exsecretaria de Derechos Humanos bonaerense y referente de Madres de Plaza de Mayo falleció anoche a los 81 años y sus restos son velados en Avenida Argentina 1533 de la localidad bonaerense de Merlo. Fue madre de dos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar y como militante por los derechos humanos estuvo a cargo de esa área en el municipio de Merlo y luego se desempeñó como senadora provincial.

En 2007 asumió como secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, después de haber secundado a Eduardo Binstock durante varios meses y en 2011 el gobernador Daniel Scioli la ratificó al frente de ese cargo hasta el 10 de mayo de este año cuando, por problemas de salud, fue reemplazada por Guido Carlotto.

Al enterarse de la noticia, Carlotto manifestó su "profundo dolor" y destacó a la mujer como "una incansable defensora de los derechos humanos". "Sara abandonó este mundo a los 81 años pero nos deja un ejemplo en la lucha y la promoción de los derechos humanos", dijo y recordó que su antecesora "fue militante durante la resistencia peronista, doblemente víctima de la violencia institucional del Estado y peronista convencida e inclaudicable".
A través de un comunicado, el funcionario provincial manifestó que "en este difícil momento expresamos las condolencias a familiares y amigos, y el apoyo institucional de esta Secretaría".

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-206013-2012-10-20.html

INICIATIVA DE LA PROCURACION GENERAL PARA MONITOREAR CAUSAS Y REALIZAR SUS PROPIAS INVESTIGACIONES - Una unidad para los chicos apropiados

INICIATIVA DE LA PROCURACION GENERAL PARA MONITOREAR CAUSAS Y REALIZAR SUS PROPIAS INVESTIGACIONES

Una unidad para los chicos apropiados

La procuradora Gils Carbó designó como coordinadores a los fiscales Niklison y Parenti. La iniciativa responde a un reclamo de Abuelas y a obligaciones pendientes del Estado argentino con organismos como la CIDH.

 Por Irina Hauser

La Procuración General tiene desde ayer una unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado que realizará un monitoreo de las causas en trámite, hará sus propias investigaciones preliminares y armará una base de datos para detectar patrones comunes que puedan llevar a dar con más jóvenes apropiados. A la vez se ocupará de garantizar que todos los fiscales apliquen un nuevo protocolo con medidas específicas ante la sospecha de que una persona pueda ser hija de desaparecidos. La procuradora Alejandra Gils Carbó designó como coordinadores del área al fiscal Martín Niklison, quien actuó en el juicio sobre robo de niños en la última dictadura, y a Pablo Parenti, segundo de la Unidad de Coordinación de causas de lesa humanidad. Ambos quedaron facultados, además, para intervenir como fiscales coadyuvantes en causas en trámites que requieran refuerzos para avanzar. La iniciativa responde en parte a un reclamo de Abuelas de Plaza de Mayo, a las propias conclusiones de los especialistas de la Procuración y a las obligaciones internacionales pendientes del Estado argentino.

La resolución de Gils Carbó que crea la nueva Unidad recuerda que si bien ya se registran 51 condenas por apropiación de niños y se ha restituido la identidad a 107 hijos de desaparecidos “aún restan ubicar cerca de 400 niños más que continúan siendo víctimas de estos crímenes aberrantes”, según la información aportada por Abuelas. Pero incluso la Unidad de Derechos Humanos, que integra Parenti –advierten los fundamentos–, “ha venido detectando serios obstáculos para el avance eficaz de esta clase de investigaciones” y “ha señalado la necesidad imperiosa de implementar medidas orientadas a elevar la eficiencia” de la intervención de los fiscales y “a acortar los plazos insumidos por la instrucción de algunos de estos procesos, que suelen prolongarse innecesariamente”.
Cerca de un mes atrás, la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, le acercó a Gils Carbó un relevamiento realizado por el organismo sobre causas tramitadas en los últimos cinco años y medio que revela que en 31 casos (de 41 analizados) se tardó en realizar un estudio de ADN un promedio de 21,2 meses. Los fiscales, según este estudio, intervinieron sólo 1,16 vez para pedir medidas de prueba. En los tres casos en que se descartó hacer la prueba genética, se tardó 13 meses en llegar a esa decisión. Las siete causas con resultados pendientes llevan 44,8 meses promedio de duración (ver recuadro).
Parenti explicó a Página/12 que “muchas veces la prueba genética se demora sin razón porque los investigadores no saben cómo implementarla, y porque es un paso traumático y tampoco se sabe como abordarlo con la posible víctima de la apropiación, entonces se dilata la concreción de la medida”. El nuevo protocolo de investigación, señaló, contempla estos y otros aspectos. Es obligatorio para los fiscales. Incluye reglas para proceder en la búsqueda de material genético de los posibles jóvenes apropiados (desde la toma de cabellos, cepillos de dientes, prendas, entre otros elementos) hasta la extracción de sangre. Como premisa, se los citará por personal especializado (de un equipo interdisciplinario) para intentar que aporten muestras de ADN de manera voluntaria. Los fiscales tendrán que estar presentes en “los momentos claves”, como los allanamientos en busca de las muestras biológicas, que a menudo fracasan o terminan en supuestos errores cuando sólo los realiza personal policial.
De acuerdo con el protocolo y con los ejes de trabajo de la nueva Unidad, los fiscales tendrán que encarar las investigaciones sobre posibles apropiaciones de hijos de desaparecidos teniendo en cuenta documentación clave: las inscripciones de los niños como hijos biológicos, muchas veces fraguadas, y los trámites de adopción y guarda, que suelen sumar a los expedientes la responsabilidad de los funcionarios judiciales que los tramitaron. Las inscripciones de chicos fuera de término, es decir, tiempo después de su nacimiento, ha servido de prueba en casos resueltos de restitución de identidad. “Muchas de estas pautas surgieron de lo que vimos en el juicio sobre apropiación de hijos de desaparecidos y muestran la necesidad de un trabajo de investigación específico, diferenciado de otros delitos de lesa humanidad”, dice Niklison.
Con todo este nuevo esquema, la Procuración intenta también cumplir con el acuerdo de solución amistosa que se firmó en 2009 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en relación con el caso de la apropiación de Evelyn Vázquez Ferrá, en el que el Estado argentino se comprometió a reorganizar la investigación sobre apropiación de niños en el terrorismo de Estado. Sólo cumplió con un aspecto, con la aprobación de la ley de ADN. La flamante Unidad recibirá denuncias y podrá coadyuvar en causas, pero además se plantea el objetivo de hacer investigaciones genéricas que permitan la recopilación de datos para derivar de allí casos dudosos.
“En nuestra experiencia veníamos viendo que hay una especificidad de estos casos que tanto fiscales como jueces desconocen, y esto ha hecho desperdiciar recursos”, ilustra Alan Iud, abogado de Abuelas. “Nos parece un muy buen punto de inicio la creación de la Unidad y el protocolo, aunque sabemos que siempre pueden aparecer fiscales y jueces que ofrezcan resistencia. Por eso es determinante la decisión política de la procuradora. Tal vez a futuro –sugirió– hay que pensar en una reforma legal o mecanismo que obligue a los jueces a delegar la instrucción en esta unidad.”

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-206268-2012-10-24.html

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Irregularidades: Intervienen la Dirección de Jurídicos de la Gendarmería Nacional

viernes, 5 de octubre de 2012

Irregularidades: Intervienen la Dirección de Jurídicos de la Gendarmería Nacional

El Ministerio de Seguridad intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Gendarmería Nacional en virtud de las “severas deficiencias” constatadas en la tramitación de “reclamos de diferencias salariales” de personal de la Fuerza detectadas por diversas auditorías realizadas por la cartera.

 

Asimismo, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, ordenó iniciar actuaciones disciplinarias y la suspensión del personal que resultara responsable de estas faltas graves a los deberes de funcionario público.

 

Para concretar la intervención ordenada por la resolución ministerial Nº 1182/12, una comisión encabezada por la secretaria de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, Cristina Caamaño; el subsecretario de Políticas de Seguridad e Intervención Territorial de la Secretaría de Seguridad, Darío Ruiz y el subsecretario de Asuntos Jurídicos, Esteban Rosa Alves, se hizo presente esta noche en el Edificio Centinela, sede de la Gendarmería Nacional y procedió a precintar las oficinas del área jurídica para preservar la documentación.

 

Las auditorías señalan la comisión de “irregularidades en el tratamiento de medidas judiciales relacionadas con reclamos salariales”, según afirma el texto de la resolución.

 

La misma establece que a partir de la fecha “la gestión de las causas judiciales por diferencias de haberes incoadas por personal en actividad, retirados y pensionistas de la Gendarmería Nacional”, será asumida por el Ministerio de Seguridad.

 

La secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas efectuará las denuncias penales pertinentes mientras que la subsecretaría de Políticas de Seguridad e Intervención Territorial requerirá, a través del Secretario de Seguridad, al Director Nacional de Gendarmería, la instrucción de las actuaciones disciplinarias para deslindar responsabilidades.

 

http://www.minseg.gob.ar/irregularidades-intervienen-la-direcci%C3%B3n-de-jur%C3%ADdicos-de-la-gendarmer%C3%ADa-nacional

Las actualizaciones de facebook.com FUNCIONAN MAL

LAS SUSCRIPCIONES A USUARIOS DE FACEBOOK.COM FUNCIONAN MAL porque YO ESTOY SUSCRIPTO A MUCHOS USUARIOS Y SÓLO ME LLEGAN ALGUNAS ACTUALIZACIONES DE ESAS USUARIAS Y USUARIOS, no todas Y SE SUPONE QUE SI VOS TE SUSCRIBíS COMO LA PALABRA LO DICE A "ACTUALIZACIONES" TE ACTUALIZAN TODO CADA VEZ QUE SE PRODUCE UNA NOVEDAD. Esto se verificó que no es asi, por lo que el sistema de actualizaciones de Facebook.com FUNCIONA MAL.