En paralelo se debate el efecto
del conflicto docente, que el gobierno habría podido eludir si no
hubiera decidido profundizarlo con una finalidad ejemplarizadora. Por un
lado intenta transmitir a todo el universo sindical que posee la
capacidad y la decisión para quebrar a quien se le cruce en el camino
con tal de reducir el costo salarial por segundo año consecutivo. La
clase que lo sostiene ha demostrado a lo largo de la historia que no le
importa matar para conseguir esos fines. Por otro, propone un
antagonismo de Superhéroes de Marvel, entre el Ogro Malo y el Hada
Buena, en el que cifra sus expectativas electorales. Suponen que en ese
contraste de imágenes la mayoría acudirá en auxilio de quien aparece
como más débil, aunque en voz baja se congratulan por el carácter de
acero que atribuyen a la gobernadora bonaerense. Además de sus roces con
la amenazante policía provincial cuentan que María E. Vidal recibió la
visita de representantes de la empresa Boldt, quienes le ofrecieron
apoyo ecónomico. Dicen que les respondió que había decidido no aceptar
financiamiento del juego y que al salir les advirtió: “Si mi marido va a
pedirles, tampoco le dan”. Protegerse de cualquier flanco débil habría
sido una de las causas de su divorcio, añaden. Al mismo tiempo, la
intensidad del conflicto social le permite descargar su responsabilidad
por el mediocre resultado macroeconómico, invertir la cadena causal y
achacar la sequía inversora a la protesta, cuando es uno de sus efectos.
Vidal es la carta fuerte del gobierno, cuando faltan menos de tres
meses para el cierre de las candidaturas. Su aparición constante en
inauguraciones de obras o en la pugna con los educadores intenta
disimular que ella no puede postularse, ya que los comicios de medio
término sólo son legislativos y la gobernación para la que fue electa
recién termina en 2019. Que Macrì apareciera junto a ella estaba
previsto desde que el diferencial de opiniones positivas dejó muy atrás
al presidente. La novedad de la semana fueron los actos conjuntos de los
que también participó el intendente porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
El mensaje es que la homogeneidad política entre el Poder Ejecutivo de
las tres jurisdicciones permite aplicar soluciones conjuntas para los
problemas del Área Metropolitana. Esto no borra los matices entre ellos.
Mientras Macrì no consigue pronunciar la expresión terrorismo de Estado
y cree que lo que sucedió en la Argentina fue el choque entre la
violencia política y la violencia institucional, el gobierno bonaerense
conmemoró el 24 de marzo con un spot con imágenes de la dictadura
militar y las protestas de los organismos defensores de los Derechos
Humanos, recortes de diarios sobre la anulación de las leyes de
impunidad y la afirmación de que el estado de derecho se construye con
memoria.
Un incómodo zigzag
Otro capítulo del negacionismo en curso lo escribió el
presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, al suprimir de su
página web toda referencia a la dictadura cívico militar y al carácter
de facto de los “autotitulados presidentes” José Uriburu, Pedro Ramírez,
Edelmiro Farrell, Eduardo Lonardi, Pedro Aramburu, Juan Onganía,
Roberto Levingston, Alejandro Lanusse, Jorge Videla, Roberto Viola,
Leopoldo Galtieri y Benito Bignone, y de los presidentes del Banco que
ellos designaron. También desaparecieron los listones negros que su
predecesor Alejandro Vanoli había hecho colocar en La Cuadrada, que es
el gran espacio del ala San Martin del viejo edificio, para singularizar
entre los cuadros de los titulares del banco aquellos que actuaron bajo
dictaduras. El impulsor de la remoción fue el asesor del directorio
Horacio Tomás Liendo, nieto del general homónimo que fue ministro de
Trabajo de Videla.
Durante su visita a los Países Bajos, Macrì osciló entre el
intento de colocarse en la escena mundial como un defensor de los
Derechos Humanos y su aversión espontánea hacia el tema. En su visita a
la Corte Penal Internacional que tiene sede en La Haya, su presidente,
la jueza argentina Silvia Fernández, destacó el rol que ese tribunal
cumple “en la lucha contra la impunidad de los autores de genocidio,
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, así como en garantizar
justicia a las víctimas, incluyendo la reparación del daño sufrido”. El
presidente no tuvo mejor idea que decir que su gobierno había decidido
“que no perdamos más tiempo en discutir por qué nos pasó lo que nos
pasó” y que el país no pudo realizar su potencial porque “empleó muchos
años en confrontar con su historia”. La refutación más categórica
provino del Rey Guillermo, cuyo discurso oficial señaló lo que Macrì
prefiere eludir: “Todos llevamos la historia en nuestro equipaje, cada
uno a su manera. Muchos sienten todavía las cicatrices que dejaron los
tiempos de terror y dictadura, que no son tan lejanos para su país. Hace
apenas una generación miles de personas fueron sometidas a persecución y
violencia, y violados sus derechos humanos. Ese tiempo oscuro dejó un
aprendizaje claro: ¡Nunca Más!”. En contraste, el ministro de Educación
Esteban Bullrich, sostuvo en la casa museo de Ana Frank que la
adolescente holandesa “tenía sueños, sabía lo que quería, escribía sobre
lo que quería y esos sueños quedaron truncos en gran parte por una
dirigencia que no fue capaz de unir y llevar paz a un mundo que promovía
la intolerancia”. La dirigencia de la AMIA y la DAIA mantuvo un
sepulcral silencio ante esta grosera banalización de la Shoah. Apenas
dejó trascender un comentario exculpatorio: Bullrich habría querido
referirse al fracaso de la República de Weimar, que facilitó el ascenso
del nazismo, sentenció el anónimo hermeneuta de la calle Pasteur. Al
terminar la visita, Macrì y su esposa Juliana Awada se mostraron muy
jocosos como si vinieran de un paseo divertido. Bullrich firmó allí un
acuerdo por el cual los alumnos de las escuelas de la Argentina
recibirán información sobre lo que sucedió con Ana Frank durante la
invasión nazi a Holanda. El directivo del Llamamiento Argentino Judío,
Jorge Elbaum, sostuvo que durante la negociación de un acuerdo similar
con el Centro Ana Frank de Buenos Aires, el entonces subsecretario de
Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, Claudio Avruj, pidió que
en las clases y visitas no se relacionara el Holocausto con los crímenes
de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado en la
Argentina. Según Elbaum, ese acuerdo forma parte de un intercambio de
favores que incluye el reemplazo de los abogados en la querella oficial
en la causa por el encubrimiento del atentado al edificio de la DAIA, de
modo de liberar de culpa y cargo al ex presidente de esa institución,
Rubén Beraja, durante cuya gestión Avruj fue director ejecutivo y
entregó una distinción al comisario Fino Palacios, otro de los
procesados por el encubrimiento, con quien viajó a Israel. (Para
perfeccionar la maniobra, el Poder Ejecutivo está buscando el
subterfugio institucional que permita derivar toda la documentación
secreta que CFK liberó para su empleo en el juicio de la Unidad Fiscal
de Investigación AMIA a la unidad especial de investigación de AMIA, que
Macrì creó al asumir y que desde entonces ocupa en el Ministerio de
Justicia el radical patagónico Mario Cimadevilla. El nombre es parecido,
pero una forma parte del Ministerio Público Fiscal y otra depende del
presidente interesado en el encubrimiento). Elbaum añade que otro de los
capítulos de la negociación incluye que el comprador de las empresas de
Macrì y su primo Angelo Calcaterra, el empresario Marcelo Mindlin, se
haga cargo del Museo de la Shoa del que fue Presidente Avruj. Ambas
negociaciones fueron simultáneas. Mindlin asumirá la presidencia del
museo el miércoles de esta semana, durante el brindis de Pesaj. Para
compensar, Macrì confirió la Orden del Libertador San Martín al ex
presidente estadounidense Jimmy Carter. Los considerandos del decreto
dicen que Carter, “preocupado por lo que estaba ocurriendo con la
dictadura militar argentina, exigió por el paradero de miles de
desaparecidos y condenó las violaciones a los derechos humanos” y que
fue clave “en lograr que se concretara la visita de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos a la República en el año 1979”. El
zigzag se completa con el abandono de la tentativa oficial por trasladar
a Mar del Plata la sede de la visita que la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos realizará en mayo. Como se informó aquí el domingo
pasado, Avruj presentó ese planteo a la CIDH, junto con el pedido para
que recibiera a las asociaciones defensoras de los militares detenidos
por crímenes de lesa humanidad y al Nuncio Apostólico, quien abogaría
por la denominada reconciliación. Al quedar esa jugada al descubierto, y
ante el disgusto de la CIDH, preocupada por las dificultades que el
traslado a Mar del Plata implicaría para las organizaciones de la
sociedad civil, el gobierno retiró su propuesta y dispuso que la
Comisión sesione en la sede ceremonial del Ministerio de Relaciones
Exteriores, el Palacio San Martín. Resta por ver si también el Vaticano y
la Iglesia Católica argentina reculan al verse puestos en evidencia.
https://www.pagina12.com.ar/29369-plazas-y-aplazos