En paralelo se debate el efecto del conflicto docente, que el gobierno habría podido eludir si no hubiera decidido profundizarlo con una finalidad ejemplarizadora. Por un lado intenta transmitir a todo el universo sindical que posee la capacidad y la decisión para quebrar a quien se le cruce en el camino con tal de reducir el costo salarial por segundo año consecutivo. La clase que lo sostiene ha demostrado a lo largo de la historia que no le importa matar para conseguir esos fines. Por otro, propone un antagonismo de Superhéroes de Marvel, entre el Ogro Malo y el Hada Buena, en el que cifra sus expectativas electorales. Suponen que en ese contraste de imágenes la mayoría acudirá en auxilio de quien aparece como más débil, aunque en voz baja se congratulan por el carácter de acero que atribuyen a la gobernadora bonaerense. Además de sus roces con la amenazante policía provincial cuentan que María E. Vidal recibió la visita de representantes de la empresa Boldt, quienes le ofrecieron apoyo ecónomico. Dicen que les respondió que había decidido no aceptar financiamiento del juego y que al salir les advirtió: “Si mi marido va a pedirles, tampoco le dan”. Protegerse de cualquier flanco débil habría sido una de las causas de su divorcio, añaden. Al mismo tiempo, la intensidad del conflicto social le permite descargar su responsabilidad por el mediocre resultado macroeconómico, invertir la cadena causal y achacar la sequía inversora a la protesta, cuando es uno de sus efectos. Vidal es la carta fuerte del gobierno, cuando faltan menos de tres meses para el cierre de las candidaturas. Su aparición constante en inauguraciones de obras o en la pugna con los educadores intenta disimular que ella no puede postularse, ya que los comicios de medio término sólo son legislativos y la gobernación para la que fue electa recién termina en 2019. Que Macrì apareciera junto a ella estaba previsto desde que el diferencial de opiniones positivas dejó muy atrás al presidente. La novedad de la semana fueron los actos conjuntos de los que también participó el intendente porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El mensaje es que la homogeneidad política entre el Poder Ejecutivo de las tres jurisdicciones permite aplicar soluciones conjuntas para los problemas del Área Metropolitana. Esto no borra los matices entre ellos. Mientras Macrì no consigue pronunciar la expresión terrorismo de Estado y cree que lo que sucedió en la Argentina fue el choque entre la violencia política y la violencia institucional, el gobierno bonaerense conmemoró el 24 de marzo con un spot con imágenes de la dictadura militar y las protestas de los organismos defensores de los Derechos Humanos, recortes de diarios sobre la anulación de las leyes de impunidad y la afirmación de que el estado de derecho se construye con memoria.

Un incómodo zigzag

Otro capítulo del negacionismo en curso lo escribió el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, al suprimir de su página web toda referencia a la dictadura cívico militar y al carácter de facto de los “autotitulados presidentes” José Uriburu, Pedro Ramírez, Edelmiro Farrell, Eduardo Lonardi, Pedro Aramburu, Juan Onganía, Roberto Levingston, Alejandro Lanusse, Jorge Videla, Roberto Viola, Leopoldo Galtieri y Benito Bignone, y de los presidentes del Banco que ellos designaron. También desaparecieron los listones negros que su predecesor Alejandro Vanoli había hecho colocar en La Cuadrada, que es el gran espacio del ala San Martin del viejo edificio, para singularizar entre los cuadros de los titulares del banco aquellos que actuaron bajo dictaduras. El impulsor de la remoción fue el asesor del directorio Horacio Tomás Liendo, nieto del general homónimo que fue ministro de Trabajo de Videla.
Durante su visita a los Países Bajos, Macrì osciló entre el intento de colocarse en la escena mundial como un defensor de los Derechos Humanos y su aversión espontánea hacia el tema. En su visita a la Corte Penal Internacional que tiene sede en La Haya, su presidente, la jueza argentina Silvia Fernández, destacó el rol que ese tribunal cumple “en la lucha contra la impunidad de los autores de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, así como en garantizar justicia a las víctimas, incluyendo la reparación del daño sufrido”. El presidente no tuvo mejor idea que decir que su gobierno había decidido “que no perdamos más tiempo en discutir por qué nos pasó lo que nos pasó” y que el país no pudo realizar su potencial porque “empleó muchos años en confrontar con su historia”. La refutación más categórica provino del Rey Guillermo, cuyo discurso oficial señaló lo que Macrì prefiere eludir: “Todos llevamos la historia en nuestro equipaje, cada uno a su manera. Muchos sienten todavía las cicatrices que dejaron los tiempos de terror y dictadura, que no son tan lejanos para su país. Hace apenas una generación miles de personas fueron sometidas a persecución y violencia, y violados sus derechos humanos. Ese tiempo oscuro dejó un aprendizaje claro: ¡Nunca Más!”. En contraste, el ministro de Educación Esteban Bullrich, sostuvo en la casa museo de Ana Frank que la adolescente holandesa “tenía sueños, sabía lo que quería, escribía sobre lo que quería y esos sueños quedaron truncos en gran parte por una dirigencia que no fue capaz de unir y llevar paz a un mundo que promovía la intolerancia”. La dirigencia de la AMIA y la DAIA mantuvo un sepulcral silencio ante esta grosera banalización de la Shoah. Apenas dejó trascender un comentario exculpatorio: Bullrich habría querido referirse al fracaso de la República de Weimar, que facilitó el ascenso del nazismo, sentenció el anónimo hermeneuta de la calle Pasteur. Al terminar la visita, Macrì y su esposa Juliana Awada se mostraron muy jocosos como si vinieran de un paseo divertido. Bullrich firmó allí un acuerdo por el cual los alumnos de las escuelas de la Argentina recibirán información sobre lo que sucedió con Ana Frank durante la invasión nazi a Holanda. El directivo del Llamamiento Argentino Judío, Jorge Elbaum, sostuvo que durante la negociación de un acuerdo similar con el Centro Ana Frank de Buenos Aires, el entonces subsecretario de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, Claudio Avruj, pidió que en las clases y visitas no se relacionara el Holocausto con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado en la Argentina. Según Elbaum, ese acuerdo forma parte de un intercambio de favores que incluye el reemplazo de los abogados en la querella oficial en la causa por el encubrimiento del atentado al edificio de la DAIA, de modo de liberar de culpa y cargo al ex presidente de esa institución, Rubén Beraja, durante cuya gestión Avruj fue director ejecutivo y entregó una distinción al comisario Fino Palacios, otro de los procesados por el encubrimiento, con quien viajó a Israel. (Para perfeccionar la maniobra, el Poder Ejecutivo está buscando el subterfugio institucional que permita derivar toda la documentación secreta que CFK liberó para su empleo en el juicio de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA a la unidad especial de investigación de AMIA, que Macrì creó al asumir y que desde entonces ocupa en el Ministerio de Justicia el radical patagónico Mario Cimadevilla. El nombre es parecido, pero una forma parte del Ministerio Público Fiscal y otra depende del presidente interesado en el encubrimiento). Elbaum añade que otro de los capítulos de la negociación incluye que el comprador de las empresas de Macrì y su primo Angelo Calcaterra, el empresario Marcelo Mindlin, se haga cargo del Museo de la Shoa del que fue Presidente Avruj. Ambas negociaciones fueron simultáneas. Mindlin asumirá la presidencia del museo el miércoles de esta semana, durante el brindis de Pesaj. Para compensar, Macrì confirió la Orden del Libertador San Martín al ex presidente estadounidense Jimmy Carter. Los considerandos del decreto dicen que Carter, “preocupado por lo que estaba ocurriendo con la dictadura militar argentina, exigió por el paradero de miles de desaparecidos y condenó las violaciones a los derechos humanos” y que fue clave “en lograr que se concretara la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la República en el año 1979”. El zigzag se completa con el abandono de la tentativa oficial por trasladar a Mar del Plata la sede de la visita que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizará en mayo. Como se informó aquí el domingo pasado, Avruj presentó ese planteo a la CIDH, junto con el pedido para que recibiera a las asociaciones defensoras de los militares detenidos por crímenes de lesa humanidad y al Nuncio Apostólico, quien abogaría por la denominada reconciliación. Al quedar esa jugada al descubierto, y ante el disgusto de la CIDH, preocupada por las dificultades que el traslado a Mar del Plata implicaría para las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno retiró su propuesta y dispuso que la Comisión sesione en la sede ceremonial del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Palacio San Martín. Resta por ver si también el Vaticano y la Iglesia Católica argentina reculan al verse puestos en evidencia.

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