Los jueces del tribunal, Horacio Días, Diego Barroetaveña y Carlos Bossi, escucharon el alegato del CELS ayer.
Imagen: Télam
PIDEN PERPETUA PARA 14 DE LOS 17 ACUSADOS EN EL JUICIO POR EL ASESINATO DE MARIANO FERREYRA
“Un plan criminal, una cacería humana”
Los abogados del CELS, que representan a la familia
de Ferreyra, identificaron al ex secretario de la Unión Ferroviaria José
Pedraza como “instigador” del homicidio. Señalaron que el móvil del
crimen era que los reclamos de los tercerizados no salieran a la luz.
Por Ailín Bullentini
La
querella de la familia de Mariano Ferreyra, el joven militante del
Partido Obrero asesinado en octubre de 2010, solicitó que el Tribunal
Oral en lo Criminal porteño Nº 21 condene a prisión perpetua a 14 de los
17 acusados de planificar, llevar a cabo y colaborar con el crimen. Los
abogados del CELS Maximiliano Medina y Alberto Bovino consideraron que
el ex secretario general del gremio Unión Ferroviaria José Pedraza y su
número dos, Juan Carlos Fernández, fueron los instigadores del homicidio
calificado por concurso premeditado de dos o más personas. A los
delegados Pablo Díaz y Daniel González, a los ferroviarios Salvador
Pipito y Gabriel Sánchez y al barrabrava Cristian Favale los señalaron
como coautores del crimen. El delegado Claudio Alcorcel y los policías
federales Hugo Lompizano, Luis Mansilla, Jorge Ferreyra, Luis
Echavarría, Rolando Garay y Gastón Conti fueron partícipes necesarios.
Por ser coautores de encubrimiento del homicidio, los abogados
solicitaron cuatro años de prisión para Juan Carlos Pérez y Guillermo
Uño, en tanto que exigieron una pena de un año en suspenso al efectivo
David Villalba, por omitir deberes de funcionario público. Tras más de
10 horas de alegato, Medina exigió “en nombre del CELS, del movimiento
de derechos humanos de Argentina y de esta mujer (en referencia a
Beatriz Rial, mamá de la víctima fatal de los hechos juzgados) que hace
dos años espera en silencio, una sentencia que otorgue justicia completa
y abarcativa para poder dar vuelta la página y volver a empezar”.
Bovino y Medina comenzaron a desandar su alegato pasadas las 10,
luego de que el ex comisario Lompizano explicara al tribunal las razones
de su ausencia el pasado viernes –el TOC decidió, al final de la
audiencia, concederle la excarcelación solicitada por su abogada
defensora–.Para la querella de la familia de Ferreyra, el homicidio del militante del PO es la “máxima exposición de cómo se ejercía el poder en la Unión Ferroviaria (UF) bajo el mandato de Pedraza, un mecanismo que le permitía hacer grandes negocios con el sudor y la sangre de los trabajadores”. El objetivo de mantener encendidos los “grandes negocios” de la cúpula de la UF, de ribetes políticos y económicos, fue el hilo argumental con la que estructuró el alegato.
Cacería humana
Lo sucedido aquel 20 de octubre de 2010 en Barracas formó parte de un “plan criminal ejecutado fría y cobardemente para amedrentar a quienes reclamaban por sus derechos”, sentenció Medina. Dirigentes gremiales, patota y policías “participaron de la cacería humana” en la que “con piedras, palos y armas” un grupo de ferroviarios atacó a los tercerizados, agrupaciones políticas y sociales, mató a Ferreyra e hirió a otros tres militantes. Antes, su colega enmarcó el homicidio en el proceso de tercerización, haciendo especial foco en las características que adquirió en la ex línea Roca, en el papel que la UF tuvo en ese proceso –llegó a gerenciar cooperativas de tercerizados, con cifras millonarias de ganancias–, las complicidades que esa dirigencia sindical entabló con la administradora del servicio, Ugofe, y la Secretaría de Transporte nacional, y en las tajadas que sacaron de esa situación. En la existencia de tercerizados, pero sobre todo en el interés de que sus reclamos no salieran a la luz, radica gran parte del móvil del crimen en juicio, según el primer alegato oído ayer.Los instigadores
“Pedraza y Fernández fueron los instigadores del crimen de Ferreyra”, concluyó Medina, para comenzar a explicar las razones que prueban tales cargos. “Armaron el plan para matar y generaron dolo en los autores” materiales del hecho, sumó Bovino, al cierre. Ni Díaz ni Favale ni el resto hubieran estado en el lugar de los hechos de no haber existido la orden de los instigadores, concluyó. ¿Por qué? “Para evitar futuros reclamos de otros tercerizados, mantener la hegemonía política de la UF y conservar poder económico.” El aporte de varios testigos al debate, las escuchas telefónicas a los acusados y los documentos secuestrados en sus oficinas fueron las pruebas principales sobre las que se basaron para determinar la instigación. Las escuchas demuestran que “ambos estaban preocupados desde el día anterior por el corte de vías que iban a desarrollar los tercerizados y organizaron, con Díaz, cómo detenerlos”. Los cruces telefónicos también revelaron la preocupación de Pedraza por la situación de Favale tras las rejas.Los coautores
Díaz fue el “encargado de coordinar al grupo de choque” pero también a “más empleados ferroviarios para que la patota se mezclara, atacara, disparara y se perdiera en la impunidad”. Según la querella, el delegado fue “el centro de la convocatoria, quien traspasaba las órdenes de Fernández y Pedraza”. El garante de que el plan criminal se concretara con éxito. La teoría de la “autoconvocatoria de los ferroviarios al lugar de los hechos quedó descartada por completo”, sostuvo Medina.Díaz era quien tenía la “relación de confianza” con Favale. En base, sobre todo, a los testimonios que lo reconocieron y lo vieron disparar, además de las llamadas con Alcorcel, a quien lo diferenciaron como partícipe necesario, la querella consideró probado que el hombre de Florencia Varela “llegó al lugar con un grupo de 20 personas, se encontró con aquél, se unió a los ferroviarios, se reunió con Díaz para ultimar detalles del ataque, comenzaron las corridas y disparó”. Los testimonios también confirmaron la culpabilidad de Sánchez en la tenencia de armas y los disparos. A Pipito y a González, las imágenes de C5N y los testimonios del equipo periodístico de ese canal los empujaron a la responsabilidad de amedrentar, privar de su libertad y coaccionar a los periodistas para que no hubiera registro audiovisual” del ataque.
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