El ex intendente de Libertador General San
Martín Luis Arédez y su esposa Olga Márquez con sus cuatro hijos:
Ricardo, Adriana, Olga y Luis.
HABLAN LOS HIJOS DEL MEDICO Y EX INTENDENTE DE LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN DESAPARECIDO LUIS AREDEZ
“Se está rompiendo el miedo”
Olga, Adriana, Luis y Ricardo son los hijos de Luis y
Olga Arédez. Hablan de la citación del dueño del Ingenio Ledesma por la
desaparición de su padre. “Es el fin de una etapa”, dicen. Esperan que
las personas del pueblo aporten información a la causa.
Por Adriana Meyer
“Los
Blaquier son responsables de tres genocidios, el aborigen, el terrorismo
de Estado y el ambiental”, dice Adriana Arédez, una de las hijos del
matrimonio que durante cuatro décadas enfrentó al poderoso ingenio
azucarero de Jujuy. Página/12 dialogó con ella y sus tres hermanos sobre
el inicio y los efectos del juicio en el que Carlos Pedro Blaquier, sus
empleados y policías jujeños están imputados por el secuestro y la
desaparición de su padre, el médico y ex intendente de Libertador
General San Martín Luis Arédez, entre otras víctimas de la dictadura
cívico-militar en esa provincia. Adriana sigue al detalle el expediente y
expresa tanto su furia porque todavía hay una “impunidad insoportable”
como su esperanza cuando dice que “se está rompiendo el miedo”. Coincide
con su hermana Olga en lo que llaman “la diferencia ética entre Arédez y
Blaquier” y muestran copias de los estudios cardíacos de su padre.
“También padecía arritmias, pero jamás se le ocurrió faltar por eso al
municipio, y no tuvo que hacer interconsultas en países extranjeros, en
cambio Blaquier lo usa como excusa para escaparse al exterior”, dicen.
La mayor, Olga –56 años dos hijos–, es médica psiquiatra y vive en
Villa del Rosario, Córdoba. Adriana, casi un año menor, tiene cuatro
hijos, es técnica en Parques, participó en Salta junto a su madre de la
fundación de Madres y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en
esa provincia, luego se mudó a Catamarca y ahora se trasladó a Tilcara
para participar en forma activa en su rol de querellante. Luis, de 53
años, tiene dos hijas, es empleado público y vive en Tucumán, y el
menor, Ricardo, tiene 52, es soltero y trabaja en la Universidad de
Buenos Aires.–¿Pensaron que alguna vez iba a llegar este momento?
Ricardo:–No hasta que hubiera un cambio de jueces en Jujuy que puedan llevar adelante una justicia justa, tan necesaria en nuestra provincia. Los sucesivos gobiernos en Ledesma nunca reconocieron la lucha de las Madres en nuestro lugar, como sí lo hizo Néstor Kirchner. Cuando asumió (el juez Fernando) Poviña preferimos esperar, no hacernos ilusiones porque si no nos enfermamos. He visto morir a madres y padres esperando, pero parece que la hora va llegando, necesito saber que va a ser así.
Adriana: –Ni muerta me resigno, mi vieja se murió, pero dejó todo para que sigamos. Vamos a llegar a una sentencia como la que debe corresponder a estos genocidas civiles que han cometido tres genocidios: el aborigen, cuando expulsaron a todos del cerro Calilegua, los fusilaban mientras ellos se defendían con arcos y flechas; el segundo fue el terrorismo de Estado, y el tercero es el ambiental, sobre el cual el Estado provincial sigue haciendo oídos sordos. No reconocen ni registran los muertos por bagazosis, siguen poniendo en los certificados que son alergias. Eso te habla de la complicidad del poder económico y provincial. El gobernador (Eduardo) Fellner dice que hay que investigar, cuando estuvo vinculado con el equipo de abogados de Blaquier. Todo es muy tramposo, hay que conocer muy bien lo que pasa acá.
Luis: –Pensé que al iniciarse el proceso penal los primeros en ser citados iban a ser los represores de menor jerarquía, como (Mario) Patané o (Juan) Kairuz, por aquello de que el hilo se corta por lo más fino, fue una sorpresa cuando llamaron a (Alberto) Lemos y a Blaquier. Pero creo que los acontecimientos del año pasado, a partir de la marcha 28 del Apagón, la toma de tierras y su represión con cuatro muertos, la movilización en Libertador en reclamo de justicia por esos asesinatos de los que aún no se sabe nada, las movilizaciones por la morosidad en las causas por delitos de lesa humanidad del ex juez Olivera Pastor, la designación de un nuevo juez, la unificación de las causas y los allanamientos marcan un encadenamiento de hechos que inevitablemente debía concluir con una clara y firme intervención de la Justicia, era insostenible seguir con actitudes dilatorias. Para tener una dimensión, son 35 años de movilizaciones y reclamos de justicia ante cien años de impunidad.
Olga: –Los organismos de derechos humanos, nosotros como familiares de víctimas el terrorismo de Estado, nuestros representantes legales avanzamos constantemente hacia la búsqueda de justicia, así es que sí, lo pensé. Tengo buenas expectativas en esta lucha de poderes donde no debemos dejar de apoyar a nuestra Presidenta en la consolidación del modelo, que llevará un tiempo para implementar los cambios que desearon y por los que dieron la vida nuestros queridos desaparecidos.
–¿Qué les produce la no comparecencia de Blaquier en la indagatoria y la posibilidad de que se haya ido del país?
A.:–(Furiosa.) Estuve con el juez de la causa luego de la declaración de (el ex administrador Alberto) Lemos, y se burlan de todo, es una impunidad insoportable. Hizo un descargo por escrito, fue a la hora que quiso porque no quería tener una movilización ni un pañuelo blanco cerca, los odian. Y puso sus condiciones. El juez le dijo que mientras no estuviera el fiscal no podía indagarlo, y como el fiscal es un heredado de Olivera Pastor apareció subordinado a los poderes y le tomó declaración. Además mintió, dice que era muy amigo de mi papá, que veían partidos de fútbol juntos y eso es imposible, no hubiera estado ni un segundo mi padre con una persona así. Y niega haber recibido a mi madre, siendo que yo la llevé en el auto con una amiga que la acompañó a entrevistarlo. (En esa reunión Lemos reconoció que la empresa había aportado los vehículos para los secuestros) Le voy a contestar una por una sus mentiras. Pero me moriré siendo optimista, con mi hermano llevamos adelante la imputación de los civiles empresarios, que son responsables de los 30 mil desaparecidos, ellos pagaron por un golpe de Estado, pusieron todo lo que tenían a su alcance para eliminar gente. Esto coincide con las declaraciones de (Jorge Rafael) Videla, que los empresarios les pedían 10 mil desaparecidos más. Ahora empezó el juzgamiento de civiles en Argentina, y juristas nos dicen que éste va camino a ser un caso testigo. Respecto de Blaquier, tenía la intuición de que se iba a escapar y lo advertí, tienen 200 kilómetros de frontera a su disposición, pistas y aviones privados. Dice que está enfermo para no asistir a la imputación, para evitar responder qué hizo con mi padre y los desaparecidos de la provincia. Hay que constatar con nuestros peritos si esto es cierto, pero tiene que ser en horas, no días. El espionaje a la marcha de 2005 lo hizo una empresa que ellos tercerizaban, World división-psicología industrial, que hizo inteligencia, no psicología. Hicimos un amparo y hablamos con la ministra (Nilda) Garré pero falta que un fiscal impulse una denuncia, porque hicieron espionaje en democracia, violación de la ley de datos personales de los ciudadanos y tareas de inteligencia reservadas para el Estado, claramente prácticas de terrorismo de Estado que nunca abandonó la empresa Ledesma.
–Entonces, ¿persiste cierta impunidad pero también se está quebrando el pacto de silencio?
A.: –Existen muchas pruebas testimoniales, muchos perseguidos políticos, hay material fílmico, académico y siguen llegando pruebas, del allanamiento al barrio Los Perales, donde sus abogados tienen domicilio legal, se llevaron de todo, había cosas de mi padre y de (Jorge) Weisz, de (Carlos) Patrignani, de dirigentes gremiales desaparecidos. Hay gente que quiere ir a denunciar espontáneamente, nos están llamando todos los días. Y sí, se está rompiendo el miedo, esto tiene que llegar al final y tiene que ver con una decisión política en ese sentido.
R.:–El nuevo directorio de Ledesma son hijos de Carlos y Nelly Arrieta. Quisiera sentir que en la próxima marcha del Apagón el pueblo no nos siga viendo a escondidas, sino que acompañe esta resistencia con la que conseguimos cambiar algo en la Justicia. Tengo expectativa de que algo cambie en el pueblo, que nos ayuden de una vez por todas, mucha gente sabe dónde están nuestros desaparecidos, a ver si ahora se animan a hablar porque ahí se sabe quién colaboró, quién hizo espionaje, e incluso dónde están enterrados. Mi papá era muy querido por la gente y los hijos de los que ya no viven deben haber transmitido ese compromiso, quiero ver a la gente con memoria perder el miedo y acompañar nuestro reclamo porque creo que quieren algo distinto, no morirse de miedo por perder el trabajo o por ser investigado. Ese lugar está tomado desde hace siglos, tiene que dejar de vivir en el miedo.
L.: –Más de tres décadas de pelea con un enemigo poderosísimo nos han vuelto pacientes, el solo hecho de que la Justicia Federal reclame la presencia de estos individuos para que expliquen su conocimiento y participación en la represión en Ledesma es un acontecimiento relevante y marca el fin de una etapa inédita. Pienso en la cantidad de madres, padres, hermanos, hijos y nietos que comenzaron esta lucha en esta provincia y por causa de muerte, enfermedad, autoexilio, desaliento o depresión no llegaron a vivir la esperanza de estas horas. Que la impunidad continúe o no, depende del oportuno accionar de la Justicia y la actitud que nosotros adoptemos al seguir con atención el proceso del doctor Poviña.
O.: –La impunidad sigue porque esto es un proceso que implica etapas que, evidentemente, se están cumpliendo.
–¿Cómo afecta esta influencia de los Blaquier en la vida cotidiana de Libertador General San Martín?
R.: –Me acuerdo de algo impresionante. En la marcha de 2005, cuando el doctor (Norberto) Liwsky había terminado de hablar en el acto, al lado de María Adela Antokoletz, la gente se acercó a aportarle pruebas. Y cuando se iba, casi llegando al río Ledesma, donde dicen que secuestraron a mi padre, le robaron el maletín con todo. Y hace pocos días, el intento de secuestro al nieto de (Hugo) Condorí (ex preso político y querellante). Están ahí, nunca se fueron pero los conocemos a todos. Hay que ganarles como pueblo para vivir en un lugar digno y seguro, ganar el espacio.
A.:–La gente siempre resistió pero Ledesma responde con balas y muerte, como pasó en el desalojo a los ocupantes del Triángulo hace casi un año, con desaparecidos, secuestros, torturas, con prestar sus vehículos y la infraestructura y personal para cometer delitos, reconocidos como de lesa humanidad. Lo de las tierras va a ser siempre un problema, ellos no pagan impuestos aún hoy, lo negocian con cargos políticos y prebendas, mientras los trabajadores despedidos no tienen dónde ir. La ordenanza 84 que estableció mi papá cuando era intendente, en 1973, para erradicar las villas hablaba de 400 hectáreas como pago de un mes de impuestos. Festejan sus cien años como empresa de capital nacional y es mentira, dicen que dan trabajo a 7 mil familias y echan a 2 mil. La gente está cercada por cañaverales, todo es caña, por eso van a seguir tomando tierras. La ordenanza existe y el gobierno provincial debió expropiar, pero tras la muerte de tres personas sólo negociaron 14 hectáreas. Mi papá fue intendente sólo siete meses, y quería hacer cumplir las leyes sociales de 1945, que el hospital no sea una empresa privada, que los trabajadores recibieran medicamentos. Allanaron todas las casas para hacer desaparecer esa ordenanza pero no lo lograron, hay historiadores que la tenían y con lo que ellos escribieron nos nutrimos los hijos.
L.: –En 1959, cuando mi padre fue cesanteado por la empresa no consiguió que nadie le alquilara ni una pieza, por eso se fue a Tilcara. Y hoy es igual. La dominación de los Blaquier no puede entenderse sin la participación de los gobiernos municipal y provincial, por acción u omisión. El ejemplo más claro es la toma de tierras en Libertador General San Martín de fines de julio del año pasado y la sangrienta represión de comienzos de agosto. El problema habitacional es desesperante, mientras las autoridades municipales no reclamaban a Ledesma (única propietaria de la zona) la cesión de nuevos terrenos y tampoco solicitaban a la Legislatura provincial la expropiación de estos inmuebles, el gobierno de la provincia no se daba por enterado y miraba para otro lado. La Legislatura de la provincia creó una comisión investigadora de estos hechos, no duró una semana, aprovecharon que un funcionario citado no se presentó a declarar y se disolvió sin pena ni gloria. El poder real allí es el poder económico, bastó que la empresa diera por clausurado el diálogo y denunciara usurpación de tierras para que la Justicia provincial mandara reprimir, y el Ejecutivo junto con el Legislativo por no querer contrariar los deseos de la empresa y no cumplir oportunamente con sus obligaciones de gobierno, terminaron siendo corresponsables de esa tragedia.
O.: –Por haber vivido y tener contacto con la población actual, y con los que debieron emigrar aun contra su voluntad, hay un pacto de miedo y silencio instalado y naturalizado que se puede resumir en esta frase: “No hables del Ingenio Ledesma porque puedes quedarte vos o tus allegados sin trabajo, te pueden perseguir, no te van a dejar tranquilo ni a vos ni a tus familiares o te puede pasar lo mismo que al doctor Arédez”.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-194481-2012-05-20.html
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