Los
carapintadas fueron varios grupos de activistas
militares nacionalistas que llevaron a cabo una serie de alzamientos entre
1987 y
1990 contra los gobiernos constitucionales de
Raúl Alfonsín y luego de
Carlos Menem en
Argentina. El mote alude al uso de crema de enmascaramiento facial mimética por parte de los insurrectos, que tomaron varias bases militares y se batieron contra las fuerzas leales al gobierno constitucional en busca de la finalización de los procesos judiciales iniciados contra los protagonistas del
Terrorismo de Estado. Aunque los líderes carapintadas fueron arrestados, juzgados y condenados a prisión, la mayoría de los participantes en los hechos no recibió castigo, y aún los cabecillas fueron indultados por el entonces presidente
Carlos Menem en
1989.
[editar] Primer alzamiento
El primero de los levantamientos carapintada tuvo lugar en la
Pascua de
1987, en protesta contra las acciones judiciales llevadas a cabo por el gobierno contra los responsables de los delitos y violaciones a los
derechos humanos cometidos durante el autodenominado
Proceso de Reorganización Nacional. El
mayor Ernesto Barreiro, un elemento de inteligencia que había tenido participación activa en la represión al movimiento obrero y popular en
Córdoba, se negó a prestar declaración ante la Cámara Federal de Córdoba en relación a cargos de
tortura y
asesinato que se le imputaban. Barreiro fue arrestado, a petición del juez competente, por la autoridad militar, y confinado en el Comando de Infantería Aerotransportada 14 del Tercer Cuerpo de Ejército, en la
provincia de Córdoba. Cuando la policía intentó hacerse cargo de Barreiro por el desacato a la justicia, el personal del cuartel (130, entre oficiales y soldados) se amotinaron, exigiendo el cese de los juicios.
Otras dependencias militares se sumaron a la acción, ante la férrea oposición de la población civil, en especial las tropas al mando del
teniente coronel Aldo Rico1 (entonces al mando del Regimiento de Infantería de
San Javier (Misiones)), que se acantonó en la Escuela de Infantería de
Campo de Mayo. Los reclamos de los ya apodados
carapintadas incluían la destitución del jefe del Ejército, (planteando que los jefes que impartieron las órdenes
"hoy están en libertad desprocesados, ascendidos y gozando de un privilegio que no merecen") y exigiendo una solución política para los juicios a los represores del proceso y "los del otro bando también" según dijo en el reportaje hecho para el periodista Corbacho en Radio Mitre el 16 de Abril de 1987. Y decía Rico que
"si quienes dieron las órdenes van a la justicia no tenemos ningún problema en ir todos a la justicia, pero ningún hombre de bien que vista uniforme militar puede ampararse escudándose en el sacrificio de sus subalternos".
Si bien el alzamiento contó con pocos apoyos públicos entre los responsables de tropa, la actitud del resto de las fuerzas armadas fue unánime: Alfonsín no contó con la subordinación necesaria entre la tropa para sofocar militarmente a los
carapintadas.1
La actitud política y pública frente al alzamiento también fue uniforme. Los principales partidos del país -
UCR,
PJ,
UCD,
PDC,
PI,
PC y
PS- suscribieron el «Acta de Compromiso Democrático», oponiéndose a la actitud de los militares pero reconociendo varios grados de responsabilidad en la represión. Este último punto llevó a las fuerzas de izquierda -el
MAS, el
PCR, el
PO, y las
Madres de Plaza de Mayo- a distanciarse del grupo de los firmantes. Manifestaciones populares se hicieron presentes en Campo de Mayo y la
Plaza de Mayo, exigiendo la rendición de los sublevados. Imposibilitado de reprimir y ante situaciones poco claras
Alfonsín marchó a Campo de Mayo para exigir la rendición, en lo que se le cuestionaría luego como un acto de debilidad política. A su regreso, desde el balcón de la
Casa Rosada, anunciaría la capitulación de los amotinados.
Barreiro huyó, y fue capturado dos semanas más tarde. Tanto él como Rico pasarían a manos de la justicia militar y civil, iniciándole una causa por sedición en los tribunales de San Isidro.
A causa de este primer alzamiento carapintada,
1 meses más tarde, el gobierno parecería haber promulgado la Ley de Obediencia Debida, que satisfaría algunos de sus reclamos, sin embargo la misma fue anunciada UN MES ANTES DEL LEVANTAMIENTO EL 24-3-1987 EN LA LOCALIDAD DE LAS PERDICES CORDOBA POR EL PROPIO PRESIDENTE ALFONSIN
Archivo:LA NACION 24-3-1987 DISCURSO PRESIDENCIALy se basaba en la promesa electoral de campaña de 1983 de los 3 niveles de responsabilidad. Lo cierto es que los juicios prosiguieron durante todo el período del Dr. alfonsín.
Rico y todos los participantes fueron detenidos en Campo de Mayo y procesados, a la espera del juicio.
[editar] Segundo alzamiento
Sería nuevamente Rico la principal figura del segundo conato de rebelión, que tuvo lugar en enero de
1988 en la localidad
correntina de
Monte Caseros. El
30 de diciembre se le había concedido el privilegio de
arresto domiciliario; dos días más tarde, envió un comunicado afirmando que desconocía la autoridad del Estado Mayor del Ejército y de los tribunales militares por no ver garantizada la justicia, y escapó. La autoridad militar, el teniente general
José Segundo Dante Caridi, sucesor de Ríos Ereñú, declaró a Rico en rebelión, y el ministerio de Defensa ordenó su captura y lo declaró en disponibilidad (destitución).
Tres días más tarde se lo encontró en el Regimiento de Infantería 4 de Monte Caseros, cuyo comandante, el coronel
Álvarez de Igarzabal declaró que adhería al planteo de Rico, bautizado como «Operación Dignidad».Rico volvió a emitir el comunicado anteriormente mencionado como "Ejercito Nacional en Operaciones". Caridi, al frente del Segundo Cuerpo de Ejército, hizo frente a las tropas insurrectas, que se rindieron sin presentar batalla. Los detenidos fueron numerosos; Rico, tras declarar públicamente que no se arrepentía de sus actos y afirmar que
la duda es la jactancia de los intelectuales, regresó a prisión. Unos 430 oficiales y soldados serían llevados a juicio por sus acciones en los dos alzamientos; aunque los casos relativos al
terrorismo de Estado y la
tortura durante la dictadura disminuyeron para los oficiales de baja graduación, la protesta de las facciones promilitares no cesó. Rico, desde su celda, se convirtió en la principal figura del
Movimiento por la Dignidad Nacionaly líder del Ejército Nacional en Operaciones que realizó numerosos atentados entre 1988 y 1989 (bombas a los cines de Lavalle etc.
Archivo:Buenos Muchachos - Carlos Juvenal Ed. Sudamericana Espejo 1994.
Paralelamente un comando de ex-agentes de inteligencia de la Fuerza Aérea tomó el Aeroparque Metropolitano en apoyo a Rico, fueron reducidos por la Gendarmería y la Policía Federal que siendo juzgados por rebelión en el fuero civil y militar en 1988.
[editar] Tercer alzamiento
El tercero y último de los alzamientos durante el gobierno de Alfonsín tuvo lugar el
1 de diciembre de
1988, cuando unos 45 oficiales de la unidad «Albatros», un cuerpo de elite de la
Prefectura Naval Argentina saqueó de armas el arsenal de las dependencias de Prefectura en
Zárate,
provincia de Buenos Aires, y se rebeló. Alfonsín consideró el problema menor, al no provenir del Ejército sino de una fuerza de menor importancia, pero los rebeldes se trasladaron a la Escuela de Infantería de
Campo de Mayo, donde se sumaron a un grupo de militares que nuevamente coparon el cuartel. Su líder era el entonces coronel
Mohamed Alí Seineldín, cabeza de la facción carapintada. Seineldín, un carismático veterano de la
guerra de Malvinas, asesor de
Manuel Noriega en la formación de comandos, y declarado miembro de la rama más
nacionalista del ejército, afirmó que el objetivo de la acción era "salvar el honor" de las Fuerzas Armadas.
Caridi movilizó rápidamente las tropas leales, rodeando rápidamente la guarnición de Campo de Mayo.Luego de un combate de morteros donde un miembro rebelde fue herido de muerte, Seineldín huye clandestinamente a V. Martelli. Sin embargo, varios otros grupos declararon su apoyo a los
carapintadas en la
provincia de Buenos Aires, así como en la
Córdoba y la
Salta; la rebelión más importante fue la del Batallón de Logística 10 de
Villa Martelli, en la periferia del
Gran Buenos Aires, donde se dirigieron los rebeldes de Campo de Mayo evadiendo el cerco. El general
Isidro Cáceres fue destacado por el mando leal para enfrentarlos, pero con órdenes de no iniciar acciones armadas salvo en caso de extrema necesidad. Acantonados allí, el
4 de diciembre anunciaron sus exigencias: la destitución de Caridi, la extensión de la
ley de Obediencia Debida a todo el personal militar excepto los miembros de la
Junta, amnistía para los procesados por los alzamientos anteriores, e impunidad para todos los participantes en éste excepto Seineldín. Los tanque leales rompieron el cerco y ya sin poder conseguir sus objetivos y en soledad Seineldín fue procesado y detenido en Palermo al igual que el resto del personal que participó tanto de la Prefectura Naval como del Ejército, así como el mayor
Hugo Abete, que no depuso las armas hasta varios días más tarde. Caridi pidió su pase a retiro.Seineldín permaneció detenido y procesado hasta que con el cambio de gobierno Carlos Menem le otorgó el indulto.
[editar] Primera serie de indultos del gobierno de Menem
Otras peticiones se verían saciadas por el indulto decretado por el nuevo presidente,
Carlos Menem, en
octubre de
1989, que incluían a 164 de los
carapintadas, treinta y nueve oficiales condenados por delitos cometidos durante la represión, y los mandos culpables de negligencia durante la
guerra de Malvinas. Los indultados incluían a los ex generales
Juan Sasiain,
Albano Harguindeguy,
Santiago Omar Riveros,
Acdel Vilas,
Luciano Benjamín Menéndez y
Reynaldo Bignone.
[editar] Cuarto alzamiento
A pesar de los entonces recientes indultos realizados por Menem, Seineldín, volvió a rebelarse el
3 de diciembre de
1990, en protesta contra la creciente injerencia del poder político en la cúpula militar. El violento alzamiento provocó varios muertos, y fue finalmente reducido, dando lugar a cientos de arrestos y casi 600 procesos por insurrección.
[editar] Segunda serie de indultos del gobierno de Menem
Luego del último alzamiento, pocos días más tarde del mismo, Menem completaría los indultos, dando la libertad a los miembros de la Junta y otros militares y civiles, varios de ellos condenados a prisión perpetua:
Jorge Rafael Videla,
Emilio Eduardo Massera,
Roberto Eduardo Viola,
Ramón Camps,
Guillermo Suárez Mason, el ex ministro de Economía
José Alfredo Martínez de Hoz y el ex jefe de la
Policía Federal Argentina Ovidio Ricchieri. Sólo Seineldín, una figura afecta a los gestos desmesurados, permaneció en prisión a consecuencia de los incidentes hasta
mayo de
2003, cuando fue indultado por el presidente interino
Eduardo Duhalde.
[editar] Actualidad
Además de las incursiones políticas de los integrantes más conspicuos de estas agrupaciones, se ha señalado a ex carapintadas en tareas de asesoramiento de grupos
ultraderechistas y
golpistas de
Bolivia.
2 En 2010 el carapintada
Víctor Alejandro Gallo fue imputado por la apropiación ilegal de un menor hijo de una desaparecida.
3
[editar] Referencias
[editar] Bibliografía