Página12, 20 de abril de 2012 |
EMPEZO EL JUICIO ABO BIS, EN EL QUE SE JUZGA EL SECUESTRO Y TORTURA DE 181 VICTIMAS
Proceso breve para no revictimizar
Los tormentos y desapariciones que tuvieron como escenario los
centros clandestinos conocidos como el Atlético, el Banco y el Olimpo
entraron en una segunda etapa con dos nuevos acusados. Se aplicarán las
normas de Casación para abreviar los juicios.
Por Alejandra Dandan
Uno de los represores era Cacho, tiene una cicatriz marcada todavía en
la pierna. El otro se hacía llamar Calculín. El primero es el miembro
del Ejército y se llama Alfredo Feito y el otro es el ex policía de la
Federal Pedro Santiago Godoy: los dos comenzaron a ser juzgados en los
tribunales federales de Comodoro Py por los crímenes en el circuito
integrado por los centros clandestinos del Atlético-Banco y Olimpo.
Están acusados como autores directos de privación ilegal de la libertad y
tormentos a 181 víctimas. Cuando el presidente del Tribunal Federal 2
les preguntó si deseaban declarar antes del comienzo oficial del debate,
los dos se negaron. Cuando le preguntó a Calculín si tuvo o tiene algún
apodo, él advirtió: "No, por lo menos que yo sepa". Feito aceptó sin
ningún tipo de ironía evidente algo distinto: "De chico me decían
Cachito", explicó.
El juicio, llamado ABO bis, es la segunda etapa del primer tramo del
juicio oral que terminó en diciembre de 2010 con la condena a 16
imputados, y penas que fueron de los 25 años de prisión a la prisión
perpetua. Ahora el mismo Tribunal Federal Oral 2, pero con dos de los
tres integrantes distintos, lleva adelante este segundo tramo por las
mismas 181 víctimas, pero juzgan a dos nuevos acusados. Por eso el
juicio que empezó no es un ABO II que reúne los expedientes de las
víctimas que aún siguen esperando el juicio, sino un ABO bis, porque las
víctimas son las mismas.
"El juicio constituye un paso más en el avance de la Justicia, pero pone
de manifiesto la importancia de unificar las causas porque se va a
juzgar a dos represores por los mismos 181 hechos por los que se los
juzgó en el primer tramo", dice Ana María Careaga, una de las
sobrevivientes. "Todavía hay muchas víctimas que quedan afuera
nuevamente, cuyos familiares no tienen posibilidad de acceder a la
Justicia, por eso decimos que lo que se invierte como recurso en tiempos
materiales, todo lo que implica esto para los testigos y demás tiene
que estar en el marco de un gran juicio, que finalmente es el reclamo
histórico de los organismos de derechos humanos y es lo que en parte
contempló la última acordada de Casación."
Una de las características de este juicio es justamente efecto de esa
acordada. Será el primero que se hace en el ámbito porteño en el que se
pongan en práctica las nuevas reglas para acelerar los debates y evitar,
entre otras cosas, la revictimización de los sobrevivientes y testigos.
En una primera audiencia preliminar, la fiscalía, las querellas y las
defensas acordaron algunos puntos para eso. Entre otros, reducir el
número de testigos a unos 25, porque se considera que el resto de las
declaraciones ya fueron probadas en el primer tramo. Otro de los efectos
se vio ya en la primera jornada. Ayer no se leyó la acusación completa;
ni la de la fiscalía de instrucción ni de las querellas. Sólo se leyó
un tramo con la descripción de los 181 "casos", sin los argumentos sobre
cómo era el circuito de centros o los fundamentos del plan represivo.
En ese contexto, sólo se agregaron tramos de las querellas que no
coincidían con los fiscales de instrucción: así, por ejemplo, hubo una
aclaración de la querella de Justicia Ya! porque no comparte la
acusación de los fiscales y pidió que sean imputados por genocidio.
Poco después de la una de la tarde, el Tribunal integrado por Jorge
Alberto Tassara, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Luciano Gorini, oyó a
los dos imputados decir que no iban a declarar, por ahora.
El ex militar del Ejército Chacho Feito tiene 67 años, y aunque se
presentó como "empresario", durante la dictadura era sargento de
Caballería. Estuvo en dos de los tres centros del circuito: Banco y
Olimpo. Permaneció en actividad hasta diciembre de 1982, cuando fue dado
de baja. Según las pruebas de la causa, integró el GT2. Está acusado de
privación ilegal de la libertad y tormentos por 118 víctimas.
Godoy tiene 72 años. Se presentó como "policía retirado". Integró los
servicios de Inteligencia de la Policía Federal; pasó por los tres
centros clandestinos y desde abril de 1978 formó parte del Departamento
de Asuntos Antisubversivos. Un año más tarde llegó al grado de "oficial
tercero" de Informaciones y está acusado por privación ilegal de la
libertad y tormentos de 181 casos. De su intervención en cada uno de
esos espacios, darán cuenta durante el debate Isabel Fernández Blanco o
Mario Villani, que va a declarar desde Estados Unidos.
Entre el público estaban algunos de los sobrevivientes que desde hace
años llevan adelante la causa. Isabel Fernández Blanco, Miguel
D’Agostino, Marco Bechis, que estuvo secuestrado en el Olimpo y dirigió
luego la película Garage Olimpo, y Delia Barrera. También estuvieron los
integrantes de HIJOS. Paula Moroni, que es querellante, tiene al padre y
su tía desaparecidos, y su madre entre los sobrevivientes. Carlos
Pisoni, que entró con la remera de los Juicios, tiene a la madre y el
padre desaparecidos; Agustín Cetrángolo, con su padre entre las víctimas
desaparecidas, y Adriana Lewi, entre otros.
Uno de los desafíos de esta etapa es ahora la acusación por homicidio.
Feito y Godoy llegan a juicio acusados por privación ilegal de la
libertad y tormentos, como sucedió con los acusados del primer tramo. En
esa ocasión, sin embargo, los jueces aceptaron condenar finalmente
también por homicidio a partir de una de las pruebas que incorporó
durante el juicio: la ubicación de los cuerpos de cinco desaparecidos
que habían sido identificados por el Equipo Argentino de Antropología
Forense (EAAF). El fiscal Alejandro Alagia y su ad hoc Gabriela Sosti
impulsaron el pedido y habilitaron de esa manera también los pedidos a
perpetua. En este caso también podrían hacerlo porque los casos son los
mismos. La lógica indicaría que como además es el mismo tribunal, el
pedido debería ser aceptado, pero nadie lo sabe: primero porque Tassara
es el único de los tres jueces que venía del viejo tribunal; segundo,
porque Giménez Uriburu y Gorini estuvieron en el juicio del Posadas,
donde se planteó una situación con algunas semejanzas, y lo rechazaron.
La relación entre homicidio y la prueba del cuerpo de desaparecidos es
todavía una de las discusiones en tensión, debajo de estas posiciones.
Pero en este caso, la traba formal es que se supone que los acusados
deben llegar a la etapa oral sabiendo de qué se los acusa para poder
defenderse. Sobre los límites de qué es lo que saben y por qué no saben
lo que deberían saber, se abren las posiciones entre las partes.
Los represores serán asistidos por los defensores oficiales Santiago Fin
y Enrique Manson. Entre las querellas están los organismos de derechos
humanos: en la primera querella está el CELS, Abuelas de Plaza de Mayo,
Madres Línea Fundadora, Hijos, Alcira Ríos y los representados del grupo
KAOS. Luego hay otras dos querellas unificadas, una integrada por
Justicia Ya! y la otra de la Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación.
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